“Y ahora, ¿quién podrá defenderme?”

La Constitución de 2008 presenta el ideal de construir una sociedad que respete, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades. Ideal que se conseguirá a través de la convivencia ciudadana, el ejercicio de nuestra soberanía y el cumplimiento de la ley. Este escenario circunscribe al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, donde su deber es el garantizar, sin discriminación alguna, los derechos establecidos en la constitución y en los instrumentos internacionales.

La carta magna –en su forma- denota la existencia de garantías, el constante cumplimiento de la ley y la importancia de proteger a la ciudadanía, sin embargo, la realidad que se evidencia es totalmente dispareja. Nuestro país, desde la época colonial, se ha caracterizado por practicar conductas “originales”, donde el irrespeto de las leyes es pan de cada día. Osvaldo Hurtado en su libro Las costumbres de los ecuatorianos, hace alusión a esta realidad diciendo que la ley es vista como una entelequia ajena a la vida de las personas o como un estorbo molestoso. 

No se puede negar que la Función Judicial es una de las máximas representaciones de poder que tiene el estado. El poder que poseen los jueces es enorme, ya que tienen la capacidad de revocar cualquier acto público o privado; pueden disponer de la libertad penal de cualquier persona e, incluso, pueden lograr que la misma ley se invalide. Por lo tanto, siempre se ha concebido a la Justicia como una dádiva que concede la capacidad de controlar y manipular las situaciones para que el resultado siempre nos sea favorable. 

Las esferas de poder anhelan controlar la justicia y, generalmente, lo han conseguido. En el transcurrir del tiempo se la ha pasado de mano en mano, se la ha heredado y monopolizado… Ahora, en el Ecuador, su conquista llegó con la acción del presidente. En un principio, la justicia es el resguardo que tiene el ciudadano, sirve de escudo entre el poder estatal y los derechos de las personas. Sin embargo, hoy por hoy, se ha convertido en un arma de poder político: utilizada para favorecer al Ejecutivo.

En este punto, la tesis de Canetti acerca del poder se ratifica, puesto que muchas de las prohibiciones y autorizaciones impuestas en la ley refuerzan la potestad que se ejerce sobre aquellos que deben ser sancionados, perdonados o premiados. Es así, que un solo individuo controla las decisiones en las cortes y su dominio sobre estas está formalmente institucionalizado, él ha designado a los vocales del Consejo de la Judicatura, quienes tienen la potestad legal para nombrar y destituir a todos los jueces del Ecuador. Esto nos lleva a creer que la administración de la justicia que debería ser independiente, imparcial y responsable ha claudicado a los intereses de un solo hombre. 

Este panorama no permite vislumbrar, por ninguna arista, la “soberanía” que la administración judicial debería tener. Esta situación se cimenta en el boletín jurídico El Leviatán Judicial, redactado por el jurista Jorge Zavala Egas, donde él expone fundamentos teóricos que ratifican el control que se ejerce sobre la justicia. Zavala Egas usa como ejemplo la siguiente resolución judicial: “la prohibición de acciones de protección contra el Ejecutivo”, esta se basa en la potestad que tiene una persona de pedir reparo sobre un derecho que le ha sido violentado. Al derogar esta resolución, se está concediendo al Estado la facultad de vulnerar los derechos constitucionales de los individuos, pues no hay acción legal que permita instituir una sanción en un tribunal. 

Una muestra clave de la manipulación del derecho penal es que el gobierno sentenció las protestas sociales. Este hecho se evidenció cuando diversas organizaciones sociales y políticas comandaron la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos. Aquí, numerosos dirigentes sociales, especialmente indígenas, fueron detenidos por la policía sin ningún fundamento, finalizando con la absolución de los jueces al no encontrar ninguna prueba que demuestre su culpabilidad. Según el informe emitido por Amnistía Internacional el fin que se persiguió el Ejecutivo fue neutralizar las protestas sociales, pues incomodan al gobierno.

Con esto se consuma la tesis Canettiana, pues el poderoso nunca perdona, nunca olvida. Anhela someter todo lo que se le opone, odia el enfrentamiento y la censura. Sin embargo, entre las prácticas del todopoderoso existe algo que le permite aparentar su magnanimidad, la magia del indulto. Este don divino le otorga gracia; ya que, como manifiesta Canetti, indultar es el símil de la vida nueva; vida que es dada por poderoso al perdonar, vida que al ser concedida lo dignifica y lo regocija. 

No hay duda que “nuestro hombre omnipotente” saca partido de todo lo que hace. Por más acusaciones y sentencias que promulgue siempre les encuentra solución, a dónde sea que vaya se ostenta de ser un individuo magnánimo que derrocha perdón. Su figura intenta ejemplificar a un padre que reprende pero a la vez perdona. Un padre que solo desea hacer de sus hijos futuros seres de bien: obedientes y no revoltosos. Según él no hay de qué preocuparse, siempre sufriremos un pequeño jalón de orejas pero, a la final, siempre nos perdonará. Sin embargo, me queda la duda de saber, y ¿sí en algún momento no me quiere perdonar?... ¿Quién podrá defenderme?